Cambios en normativa comunitaria: Hacia el sistema definitivo del IVA y el nuevo Impuesto sobre los Servicios Digitales

¡Hola asesores!

Los hábitos de la población han variado en el siglo XXI. El tiempo de ocio se emplea de manera diferente y consecuentemente los recursos son destinados a una nueva oferta: el contenido digital. Pese a que en muchas ocasiones lo que se adquiere sea música o cine, por suerte descubiertos antes de este siglo, el hecho de que el soporte haya dejado de ser físico presenta una nueva realidad a la que la regulación ha de saber adaptarse.

Hoy quiero hablaros de los cambios que nos esperan tanto en imposición indirecta como en directa a nivel comunitario a raíz de estas nuevas tendencias. No obstante, si bien es cierto que la introducción del Impuesto sobre los Servicios Digitales busca una tributación acorde a la nueva situación propiciada por los tiempos que vivimos, la motivación de estos cambios en materia del Impuesto sobre el Valor añadido surge con un claro objeto de combatir un fraude fiscal cercano a 50.000 millones de euros.

Impuesto sobre el Valor Añadido

El pasado viernes 25 de mayo la Comisión Europea publicó los cambios que sufrirá la Directiva 2006/112 en materia del IVA, y que supondrá la modificación de cerca de doscientos artículos de ésta. A partir de julio de 2022, y con el objetivo de una legislación definitiva, el mercado intracomunitario pasará a ser efectivamente uno y la habitual exención en la entrega intracomunitaria de bienes con su subsiguiente adquisición intracomunitaria de bienes desaparecerán para dar lugar a una única transacción. Para adoptar estas medidas, el mecanismo a utilizar será la famosa ventanilla única lo cual viene a traducirse como un único sitio web donde declarar todas las transacciones realizadas en la Unión Europea. El vendedor será responsable del pago del impuesto y solo en casos específicos será el destinatario el obligado al pago del impuesto (con la nueva figura introducida del “sujeto pasivo certificado”).

La justificación de los cambios es consecuencia de un largo proceso de trabajo por parte de la Comisión Europea en búsqueda de un sistema definitivo de imposición indirecta con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, así como por la línea marcada por la OCDE, precisamente enfocada a buscar gravar los servicios en el país en que éstos se consumen.

Antes de este régimen definitivo conviene mencionar que hay otros cambios que también tendrán lugar tras el e-commerce package aprobado el pasado 5 de diciembre de 2017. A falta de su implementación definitiva, su contenido legislativo está definido y presenta las siguientes novedades.

Estos cambios vendrán adoptados en dos fases, 2019 y 2021. En la primera fase (2019), se buscará renovar el mencionado sistema de ventanilla única (Mini One-Stop Shop – MOSS) en primer lugar beneficiando a esos vendedores con un volumen de operaiones inferior a 10.000 euros y que podrán repercutir a sus clientes el IVA de su país de origen hasta que dicho mínimo sea excedido; en segundo lugar, con respecto a la obligación de obtener dos evidencias para determinar la localización del servicio prestado, para quienes tengan un volumen de operaciones inferior a 100.000 euros, una única evidencia será suficiente; en tercer lugar, las entidades establecidas en países terceros podrán beneficiarse del MOSS y por último, cabe destacar que los vendedores podrán seguir las reglas de facturación del país donde estén registrados.

Con respecto a los cambios introducidos para 2021, la principal novedad es la introducción del OSS, que establece la famosa ventanilla única también para ventas de bienes a distancia. Además, para tratar de reducir el fraude, se elimina la exención de 22 euros en las importaciones de bienes de escaso valor y para los Marketplaces se les otorga un nuevo papel en el que estos pasan a actuar en nombre propio y a ser responsables del pago del IVA en determinados supuestos.

Impuesto sobre los Servicios Digitales

Lo cierto es que a día de hoy no hay necesidad de tener una presencia física, material, ni dirección IP para poder obtener beneficios. El problema para las autoridades fiscales es el de identificar a todos los vendedores y operadores en los nuevos modelos de negocio y el grado de participación de estos operadores en las transacciones.

La imposición directa también se renueva y sigue las líneas marcadas por la OCDE. El Impuesto sobre los Servicios Digitales (Digital Sales Tax – “DST”) introduce la figura del establecimiento permanente digital, que busca gravar el beneficio en aquellos países donde hay una gran interacción con los usuarios. Si cualquiera de estos requisitos se cumple en un Estado Miembro de la Unión Europea (distinto al EM donde la empresa radique), las empresas deberán tributar en un 3% por sus ingresos:

  • Cuando los ingresos sean mayores a siete millones de euros en un territorio
  • Cuando haya más de cien mil usuarios
  • Cuando haya más de tres mil contratos

El hecho de que lo que se grave sean ingresos y no beneficio hace inevitable que esta nueva figura impositiva, que nace creada como un impuesto directo, pueda ser asemejada a un impuesto de naturaleza indirecta, si bien es cierto que existen ciertas diferencias (como por ejemplo, en el DST se gravan operaciones B2B como B2C)

El horizonte se presenta muy incierto, pues las grandes corporaciones deberán valorar si las ventajas iniciales presentadas por el MOSS, en términos de reducción de una presencia física en todos los países a los que venden serán ahora contrarrestadas por el DST, lo que planteará coger las opciones y la calculadora y valorar cuál es la óptima estructura del grupo.

Si bien es cierto que los grandes jugadores afectados por esta figura impositiva pueden ser empresas americanas como Facebook, Amazon o Netflix, podremos entender, paradójicamente, que el DST es una medida proteccionista que puede derivar en la constitución de nuevas filiales en varios Estados Miembro y volver a precisar del registro a efectos del IVA en dichos países, para lo que se está legislando en una dirección opuesta (hasta 2022, fecha del mencionado sistema definitivo de imposición indirecto comunitario).

Con respecto al DST, pese a estar configurado como un impuesto directo, son varios los elementos que hacen que pueda percibirse como un tributo de naturaleza indirecta. La residencia de los consumidores sin necesidad de que las empresas prestando los servicios dispongan de filiales, sucursales ni medios materiales y humanos interviniendo en estos servicios hacen que esta nueva figura impositiva sea, al fin y al cabo, un gravamen sobe el consumo en destino.

Italia ha sido la primera en apostar por gravar en un 3% los ingresos obtenidos en contenidos digitales mientras que España parece que no tardará en legislar de un modo similar para implementar esta figura, que habrá de echar a rodar el 1 de enero de 2020 a más tardar en toda la Unión Europea.

Y vosotros, ¿qué opináis de estos importantes cambios en normativa comunitaria?

¡Hasta pronto fiscalistas!